En la actualidad la tutela de esos menores recae en esa comunidad autónoma. En Islas Canarias hay más de 5.300 menores que han migrado sin acompañamiento familiar, mientras las instalaciones disponibles apenas superan las 2.000 plazas, lo que representa más del doble de la capacidad necesaria.

En las Islas Canarias, más de 5.300 menores y adolescentes migrantes sin acompañamiento familiar viven en condiciones de hacinamiento, lo que ha generado una creciente preocupación por la falta de recursos suficientes para su atención.

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En la región la situación es crítica y la solución propuesta por el Gobierno canario y el español implica una acogida obligatoria entre comunidades autónomas, opción que ha generado rechazo en la oposición y deja a los niños en un estado de incertidumbre.

Faissal Ellatifi, un residente de vecino de Fuerteventura, aseguró que “el servicio se está degradando, no le están dando la atención que es, y en el alojamiento a veces están hacinados”.

Ellatifi expresó que “la situación continúa siendo tensa y tanto el Gobierno de Canarias como el Estado español no han movido fichas, a pesar de que es un fenómeno que no va a parar”.

El presidente de la Asociación Entre Mares, Marcos Rodríguez, destacó la necesidad de que la comunidad autónoma reciba apoyo del resto del Estado para que los menores sean reubicados en todo el territorio.

“Lo primero que reivindicamos es despolitizar el debate sobre estos niños y adolescentes y poner el foco en su protección”, aseveró.

El Gobierno canario y el español optan por modificar la ley de extranjería para obligar a la acogida en el reparto de menores en otras comunidades, un debate que se ha estancado por más de un año ante la resistencia de los partidos de la oposición.

Expertos como Santiago Yerga sugieren documentar a todos los menores y aplicar las disposiciones actuales de la ley de extranjería, que permiten acuerdos entre comunidades para la guarda y tutela.

En ese sentido, Yerga afirmó “especialmente en su apartado 11 y 12 que establecen la posibilidad de que las comunidades autónomas lleguen a acuerdo entre ellos o incluso que una comunidad autónoma pueda delegar la guarda y la tutela de estos chicos en fundaciones, entidades privadas u organizaciones no gubernamentales. Yo creo que eso contribuiría de una manera notoria a poder aliviar la situación que se vive en las Islas Canarias”.

La crisis no se limita a Islas Canarias. Ceuta también enfrenta desafíos similares como espacio fronterizo frente a África, donde Naciones Unidas ha denunciado la falta de recursos para atender a los menores migrantes.

Por otra parte, a mediados de año las abogadas Irma Ferrer y Loueila Sid Ahmed Ndiaye presentaron una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas por desprotección infantil en la Casa del Mar, gestionada por el Servicio de Asistencia Médica Urgente la Fundación (SAMU) en Lanzarote.

Según el documento, las habitaciones están en pésimas condiciones, y los menores sufren episodios de violencia tanto física como verbal.

En el centro, que tiene una capacidad para 25 usuarios, se han llegado a hacinar hasta 64 menores en 20 habitaciones, las cuales no cumplen con las condiciones mínimas de habitabilidad.

La denuncia incluye fotografías que evidencian el mal estado del establecimiento, con baños sucios, ventanas rotas y cables pelados sobre literas.

En la región, la situación plantea un llamado urgente a la acción por parte de las autoridades para garantizar la protección y bienestar de esos niños.

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